Cesar Fernando Pesantez, juez del Tribunal de Garantías Penales de Cuenca, no instaló la audiencia oral y pública de juicio por el presunto delito de tortura en Turi, debido a que no se pudieron garantizar las medidas de bioseguridad para que se realice la misma. A su vez no se presentó la defensa técnica de uno de los procesados.
Antes de iniciar la diligencia, el juez Cesar Pesantez escuchó a todos los sujetos procesales, Fiscalía, Defensoría Pública, defensa de las víctimas y de los procesados, quienes pidieron se suspenda la audiencia por la falta de medidas bioseguridad suficientes que permita el distanciamiento social y que no exponga a los presentes a la transmisión del covid 19.
Esta audiencia, suspendida hasta una nueva notificación del Tribunal de Garantías Penales, se daba en el contexto de la declaración de nulidad de la sentencia emitida en primera instancia por el delito de extralimitación de la fuerza en un acto de servicio. Lo cual permitió que la causa regrese a etapa de juicio y que el Tribunal de Garantías Penales analice nuevamente los hechos.
Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Derechos Humanos (Inredh), explicó que “Si bien es importante que el Tribunal de Garantías Penales tome en cuenta las medidas de bioseguridad, y precautele el derecho a la salud y a la vida. También se tiene que tomar en cuenta que es un caso que data del 2016 y que sigue sin tener una decisión, sanción ni medidas de reparación para las víctimas. Por lo que el escenario de impunidad se mantiene.
Contexto:
Son 42 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que participaron en el operativo de requisa que desembocó en presuntos actos de tortura y tratos inhumanos contra más de 200 internos del Centro de Rehabilitación Social Turi cometidos el pasado 31 de mayo del 2016.
