El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH GYE), Taller de Comunicación Mujer, La Libre Tecnologías Comunitarias junto con la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos Inredh, presentaron ante la Corte Constitucional del Ecuador una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley Orgánica de Inteligencia, publicada el 11 de junio de 2025 en el Registro Oficial – Cuarto Suplemento No. 57, y su Reglamento General, publicado el 15 de julio de 2025 en el Registro Oficial – Cuarto Suplemento No. 81.
La demanda argumenta que esta ley viola de forma grave derechos fundamentales consagrados en la Constitución del Ecuador, como la libertad de expresión, el acceso a la información pública, el derecho a la protección de datos personales, la intimidad, la inviolabilidad de la correspondencia, el debido proceso y la seguridad jurídica. Adicionalmente, se advierte que los artículos impugnados contravienen tratados internaciones de derechos humanos suscritos por el Ecuador como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, carecen de requisitos exigidos por estándares internacionales en materia de inteligencia, tales como el fallo CAJAR vs. Colombia y los Principios de Tshwane.
Entre los aspectos más preocupantes de esta ley se encuentran:
- La ambigüedad e imprecisión de los conceptos clave como “amenaza”, “seguridad integral del Estado” o “disuasión”, lo cual daría paso a injerencias y actuaciones arbitrarias, así como a la criminalización de actores sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, comunidades y poblaciones marginadas.
- El uso de fondos públicos sin mecanismos adecuados de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, al impedir que información sobre la ejecución presupuestaria del sistema de inteligencia sea pública y al permitir, incluso, la incineración de estos registros por parte del Contralor General del Estado, bajo el argumento de proteger información clasificada.
- La opacidad general del sistema de inteligencia, que restringe el acceso a la información sobre el ejercicio de sus actividades y limita los procesos de rendición de cuentas a espacios reservados, lo que vulnera los principios de transparencia y control ciudadano.
- El acceso a cualquier tipo de información, incluyendo información del espectro electromagnético y del ciberespacio, sin orden judicial, sin mecanismos de oposición ni supervisión autónoma, lo que pone en riesgo los derechos a la protección de datos personales, intimidad e inviolabilidad de la correspondencia.
- La falta de una entidad supervisora independiente del Poder Ejecutivo que tenga acceso directo y completo a la información para supervisar y fiscalizar el desarrollo de las actividades del Sistema Nacional de Inteligencia y sus subsistemas.
Sobre el impacto de esta ley, Jonathan Finlay, parte de La Libre, señaló: «La Ley de Inteligencia más allá de fortalecer la seguridad genera un marco de impunidad muy injusto. Esta Ley faculta al Estado ordenar la persecución o recolección de datos masivos a través de todos los medios posibles sin fiscalización, simplemente a su voluntad”.
Andrea Toapanta, asesora legal de Inredh, explicó: “Parte de los artículos que hemos demandado de la Ley de Inteligencia son los que permiten la vigilancia estatal y los mecanismos de recolección de datos obligando a las instituciones públicas y privadas a darlos, lo cual vulnera los derechos a la intimidad y la libertad».
Con esta acción constitucional, las organizaciones buscan que la Corte declare la inconstitucionalidad por el fondo de al menos 17 artículos de la ley, y que se garantice el respeto al Estado constitucional de derechos, al principio de legalidad y al control democrático sobre las instituciones públicas.
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