INREDH es una organización reconocida a nivel nacional e internacional por su capacidad de incidencia en el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza en el Ecuador, para, junto a personas, colectivos, pueblos y nacionalidades, consolidar el Estado Constitucional, Plurinacional y Pluricultural de Derechos y Justicia.
Este plan orienta nuestra acción institucional y define las prioridades de trabajo para los próximos años. Este documento recoge nuestra visión, misión, principios, líneas temáticas y objetivos estratégicos, construidos a partir de un proceso participativo con el equipo de trabajo, la Asamblea, exintegrantes y personas vinculadas a nuestras acciones.
Busca comprender un nuevo paradigma integrador de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza, en el marco de una sociedad y un Estado plurinacional.
Está orientada a judicializar la violación de derechos y, sobre todo, a defender a las personas que son objeto de abuso de poder y criminalización.
Busca empoderar a las organizaciones sociales como sujetos de derechos e incidir en la elaboración de legislación y política pública.
Proteger los derechos al territorio, la consulta previa y los sistemas propios de justicia, con enfoque integral, pluricultural y de género.
Fortalecer la protección de quienes defienden los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza frente a persecución o criminalización.
Judicializar graves violaciones, combatir la impunidad y promover reparación integral para las víctimas.
INREDH es una organización reconocida a nivel nacional e internacional por su capacidad de incidencia en el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza en el Ecuador, para, junto a personas, colectivos, pueblos y nacionalidades, consolidar el Estado Constitucional, Plurinacional y Pluricultural de Derechos y Justicia.
Busca comprender un nuevo paradigma integrador de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza, en el marco de una sociedad y un Estado plurinacional.
Está orientada a judicializar la violación de derechos y, sobre todo, a defender a las personas que son objeto de abuso de poder y criminalización.
Busca empoderar a las organizaciones sociales como sujetos de derechos e incidir en la elaboración de legislación y política pública.
