Ayer jueves 13 de noviembre de 2025 se realizó la audiencia por el caso de Carlos Méndez en el Complejo Judicial Norte de Quito.
El juez constitucional reinstaló la audiencia de acción de protección presentada por Carlos Méndez, víctima de violencia institucional y perfilamiento racial, en contra del Distrito Metropolitano de Quito y del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, en la que se declaró la vulneración de los derechos constitucionales a la igualdad y no discriminación, a la integridad personal y al derecho colectivo a la reparación frente a todas las formas de racismo.
Colectivos, académicos y profesionales afrodescendientes, así como organizaciones de derechos humanos como Ilex de Colombia, acompañaron la audiencia de forma virtual para presentar argumentos técnicos que permitan al juez tomar una decisión fundamentada en el caso de Carlos Méndez.
La audiencia inició con la intervención de los abogados de las instituciones accionadas, quienes utilizaron argumentos prejuiciosos y sesgados al afirmar que en el Distrito Metropolitano de Quito hay personas afrodescendientes trabajando y que, por ende, no puede existir racismo institucional. Esta afirmación evidenció la falta de comprensión sobre la problemática del racismo en el espacio público y el tratamiento de estos casos por parte de las administraciones públicas.
La abogada del Municipio sostuvo que ya se había cumplido con la reparación integral mediante disculpas públicas, apoyo psicosocial y orientación para que Carlos Méndez pueda estudiar. Sin embargo, esta información fue debatida durante la audiencia y se evidenció que dichas actuaciones nunca contaron con la participación de Carlos Méndez y que los ofrecimientos realizados por el alcalde de Quito en medios locales fueron solo declaraciones y no acciones concretas.
Durante la diligencia se presentaron tres tipos de pruebas: audiovisual, documental y la declaración de la propia víctima.
Las abogadas de Inredh, Diana León, Amanda Mosquera y Andrea Toapanta, recalcaron ante el juez la grave agresión sistemática y racista sufrida por Carlos Méndez, enfatizando que se trató de un acto deliberado de discriminación y vulneración de sus derechos constitucionales.
Asimismo, la defensa solicitó que las instituciones públicas implementen protocolos y políticas públicas de inclusión con enfoque étnico-racial e intercultural para prevenir que hechos como este vuelvan a repetirse.
La decisión del juez de aceptar parcialmente la acción de protección en el caso de Carlos Méndez constituye un precedente relevante, aunque insuficiente en la lucha contra el racismo institucional en Ecuador. Al ordenar una reparación de carácter constitucional, la sentencia reconoce la responsabilidad municipal en los actos de discriminación y agresión cometidos por agentes de control del Distrito Metropolitano de Quito. Además, dispone la elaboración e incorporación de un manual de intervención con enfoque étnico-racial, junto con la implementación de capacitaciones en derechos humanos para el personal del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito.
Sin embargo, la resolución también evidencia que aún queda un largo camino por recorrer para desmontar por completo las estructuras racistas. El perfilamiento racial y el racismo institucional son problemas que conciernen a toda la sociedad. Para Carlos Méndez, exigir justicia no ha sido fácil y espera que el perfilamiento racial no vuelva a repetirse contra otras personas afroecuatorianas.