Por unanimidad, el Tribunal de Garantías Penales del cantón Sucre, provincia de Manabí, presidida por la jueza, María Kuffó, emitió la sentencia escrita al declarar procedente la acción de protección presentada por la Urbanización Canoa Miduvi en contra del GAD Municipal del cantón San Vicente y de la Empresa Municipal Mancomunada de Agua Potable (EMMAP-EP) por vulnerar los derechos constitucionales al agua, a la alimentación, integridad personal, vida digna e igualdad y no discriminación; así también por poner en riesgo el derecho a la salud.
La sentencia escrita, emitida el 13 de agosto de 2020, por el Tribunal de Garantías Penales, dispuso como medidas de reparación integral lo siguiente:
- La restitución del derecho vulnerado por parte de la Empresa Municipal Mancomunada de Agua Potable (EMMAP-EP) y el GAD Municipal del cantón San Vicente a los habitantes de la Urbanización Canoa Miduvi para que se dote de forma inmediata el servicio de agua potable y se respete el cronograma de aprovisionamiento de agua entre los días jueves desde las 07h00 hasta lunes 07h00.
- La medida de no repetición, en caso de producirse daños en las tuberías o líneas de conducción, las dos instituciones demandadas, tomarán medidas necesarias y proveerán del servicio de agua sin costo alguno.
- En Rehabilitación, se dispone que las dos entidades a través del Ministerio de Salud Pública, gestionen la visita de una brigada médica especialista en Dermatología para dar asistencia médica a los problemas de salud cutáneos.
- En cuanto a la medida de Satisfacción, durante un mes, ambas instituciones deberán pedir disculpas públicas en su portal web por la vulneración de los derechos constitucionales y socializar a los habitantes de la Urbanización Canoa Miduvi, sobre políticas púbicas y proyectos para mejorar el servicio del líquido vital.
A Pamela Chiriboga, asesora legal de Inredh y abogada del caso, le preocupa el nivel de cumplimiento casi nulo de la sentencia. Desde la emisión de la sentencia oral, las entidades accionadas tenían que ejecutar a cabalidad cada una de las medidas de reparación integral; sin embargo, hasta la fecha ninguna de las medidas ha sido cumplida, excepto la dotación de agua, cuyo cumplimiento fue insuficiente al haber entregado agua durante dos jueves por el lapso aproximado de 30 min.
Dicho incumplimiento, por la gravedad que implica en el ejercicio de los derechos constitucionales de las personas de Miduvi, puede incluso causar la destitución de los funcionarios llamados a cumplir con las disposiciones judiciales.
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