La audiencia de juicio contra siete activistas y dos dirigentes indígenas acusados de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos armados se instaló el pasado 10 de marzo.
La diligencia inició a las 08h45 en la sala de audiencias 207 del Complejo Judicial Norte, en la ciudad de Quito.
Inicialmente se presentaron los alegatos de apertura de Fiscalía General del Estado (FGE) y las defensas técnicas de las personas procesadas.
Tras escuchar los alegatos de apertura, Fiscalía presentó sus pruebas testimoniales, es decir, sus testigos. Se trató de ocho agentes de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) encargados de la vigilancia y seguimiento de los procesados, quienes en el contra interrogatorio resaltaron que en todo el procedimiento no se evidenciaron actos ilícitos.
Algo que llamó la atención del Tribunal fue que uno de los agentes de la ULCO manifestó que a Silverio C. y Carlos C. les leyeron sus derechos cuarenta y cinco minutos después de su detención, además, no se consideró que pertenecen a la nacionalidad kichwa y la lectura de derechos se llevó a cabo en castellano.
Según Rosa Bolaños, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y abogada de Ernesto Flores (miembro del Movimiento Guevarista), se evidencia que la teoría del caso de Fiscalía no materializa una verdadera individualización, en la presunta responsabilidad penal del cada uno de los procesados. Las acusaciones fiscales en este tipo de delitos cumplen con un patrón injustificadamente punitivo que enmarcan a los procesados en una misma conducta y rol sobre los hechos que se investigan. Esto representaría una vulneración al debido proceso y e igualdad en una etapa de juzgamiento.
Tras la suspensión de la audiencia, el Tribunal comunicó –de manera oral- que la misma se reinstalará el próximo miércoles, 22 de marzo del 2023, a las 08h00.
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