ONG · Ecuador · desde 1993
Historia de Inredh
Su trayectoria abarca más de tres décadas de trabajo interdisciplinario, combinando asesoría legal, investigación, capacitación, comunicación, incidencia política y acompañamiento a procesos sociales y comunidades en estado de vulnerarabilidad. A continuación, presentamos un resumen cronológico de su historia, basado en documentos y fuentes oficiales:
INREDH surgió a partir de debates en un curso del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en 1992, donde un grupo de profesionales identificó la necesidad de un enfoque técnico y profesional en derechos humanos en el Ecuador, más allá del activismo tradicional de organizaciones existentes en ese entonces. El 19 de febrero de 1993, en Quito, fue fundada por Gina Benavides, Miriam Báez, Gonzalo Aguirre, Susana Wappenstein y Mónica Rivera, con la incorporación posterior de Gardenia Chávez, María Elena Sandoval; Judith Salgado, Silvana Sánchez, Luis Ángel Saavedra, Fernando Carrión y Beatriz Villarreal[1]. Operó inicialmente con voluntariado y financiamiento del Consejo Danés para Refugiados. Obtuvo su personería jurídica el 28 de septiembre de 1993, mediante el acuerdo ministerial Nº 5577 del Ministerio de Bienestar Social (actual Ministerio de Inclusión Económica y social, MIES), reconociéndola como una entidad no partidista enfocada en asesoría legal, investigaciones, reformas legales y coordinación internacional.
En sus inicios, INREDH se centró en grupos vulnerables afectados por conflictos fronterizos, prisiones y tortura. Un hito clave fue el Caso Putumayo (1993-1998), donde defendió a 11 campesinos torturados y detenidos arbitrariamente, acusados falsamente de una emboscada de las FARC. Desarrolló una metodología integral: litigio estratégico (con abogados como Ramiro Ávila y Edmundo Durán Díaz), comunicación, apoyo humanitario e incidencia política. Logró una declaración de detención arbitraria por la ONU en 1995 y un acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1998, que incluyó disculpas estatales e indemnizaciones.
En 1995, creó el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia (CEAIV) en el Centro de Detención Provisional de Pichincha, ofreciendo asistencia jurídica, médica, psicológica y social. Publicó investigaciones como “Entre Sombras y Silencio” y “El Ocaso de la Dignidad”, proponiendo reformas como habeas corpus masivos. Enfrentó desafíos como crisis con financiadores por denuncias estructurales, pero expandió su trabajo a barrios marginales. Abandonó el CEAIV en 2000 al entregarlo al Estado.
Otros aportes incluyeron programas como Alternativas a la Violencia (PAV) en prisiones y oposición a la Base de Manta (1999), vinculada al Plan Colombia, mediante demandas de inconstitucionalidad y monitoreo de desplazamientos.
Durante esta década, INREDH fortaleció su enfoque en geopolítica y derechos colectivos. En 2001, se unió a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), siendo la primera organización ecuatoriana en hacerlo. Organizó el Congreso FIDH en 2004, con participación de 82 países.
Conformó la Coalición No Bases en 2004 y organizó marchas masivas en 2006 contra la Base de Manta, influyendo en la decisión de no renovar el acuerdo en 2009 y en la Constitución de 2008, que declaró a Ecuador territorio de paz y prohibió bases militares extranjeras.
Litigó casos como Karina Montenegro y otras (2007) ante la CIDH por derechos de mujeres embarazadas en prisiones.
Implementó relevo generacional y programas como Defensor@s (protección a personas que defienden derechos) y Pueblos y Naturaleza (derechos colectivos y ambientales). Participó en la Asamblea Constituyente de 2008, logrando amnistías para 360 activistas. Litigó casos emblemáticos como Luis Eduardo Guachalá (detención no penitenciaria y desaparición) y monitoreó la criminalización y represión de la protesta social.
Enfrentó presiones estatales como el Decreto 16 sobre ONG y extractivismo. Adquirió oficinas propias en diciembre de 2009.
Desde 2013, INREDH ha renovado su equipo con más de seis generaciones de profesionales, enfocándose en casos clave para fomentar una cultura de respeto a derechos humanos, pueblos y naturaleza.
Celebró 30 años en 2023 y 32 años en 2025, destacando su compromiso con la resistencia y solidaridad en luchas sociales, acompañando y documentando la protesta social, como los paros de 2019, 2022 y el
último de octubre de 2025, documentando violaciones y exigiendo justicia para las personas lesionadas y asesinadas durante los operativos de represión.
El legado de INREDH no solo constituyen sus decenas de publicaciones (35 investigaciones, 48 manuales y decenas de informes y boletines electrónicos, alcanzando más de 11 millones de vistas en sus redes sociales durante el año 2025), capacitaciones y campañas multimedia, sino el haber mantenido su independencia pese a desafíos como criminalización de protestas y controles estatales. Su legado incluye litigio estratégico, incidencia en políticas y empoderamiento comunitario, comunicación organizacional estratégica, con énfasis en la no violencia activa y derechos interdependientes.
